Desde Euskal Herria Bizirik denunciamos la reciente proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilizacion para la actividad económica sostenible promovida por el Gobierno Vasco, porque representa un nuevo intento de desmantelar garantías ambientales, limitar la participación de la sociedad, recortar competencias de los concejos y ayuntamientos y, en definitiva, facilitar la implantación de proyectos con elevado impacto en el territorio, mediante procedimientos cada vez más rápidos y menos trasnparentes.
Entendemos que esta iniciativa responde a una estrategia política orientada a acelerar la ejecución de macro-proyectos, para favorecer los intereses de grandes corporaciones y fondos de inversión, poniendo en grave peligro nuestras zonas rurales y naturales.
Esta iniciativa, presentada por los máximos responsables del PNV y el PSE, Aitor Esteban y Eneko Andueza, es un nuevo paso en la línea política que el Gobierno Vasco viene desarrollando desde hace ya varios años.
Un precedente significativo fue la Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi, conocida como “Ley Tapia”, que amplió la capacidad del Gobierno Vasco para imponer proyectos considerados de interés público superior incluso frente a la oposición de los ayuntamientos directamente afectados.
Posteriormente, en febrero del año 2024 se aprobó la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que contó también con la aprobación entusiasta de EH Bildu, escenificada en el abrazo de Mikel Otero y Arantxa Tapia. Esta ley, en su artículo 63, incluye el mandato de simplificar y agilizar los procedimientos para proyectos que “contribuyan a sus objetivos”, poniendo la base legal para declararlos Proyectos de Interes Público Superior (PIPS).
Esta figura del Proyecto de Interés Público Superior (PIPS), que quiere impulsar el Gobierno Vasco, tiene su hermano gemelo en Nafarroa, con el nombre de Plan Sectorial de Incidencia Supranacional (PSIS). El caso más conocido es el de Aroztegia, que mediante la declaración de “interés público” por el Gobierno de Navarra, pretende expropiar 45 hectáreas en Lekaroz , saltándose la ordenación municipal, crear un resort privado de lujo con campo de golf incluído.
Otra iniciativa fundamental en esta ofensiva legislativa es el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (PTS) que el Gobierno Vasco pretende aprobar antes de finalizar el año. Dicho PTS ha generado un amplio rechazo social y durante su tramitación se han presentado más de 4.000 alegaciones por parte de personas particulares, colectivos y entidades sociales. Hay que remarcar, que más de 50 asociaciones, juntas administrativas, sindicatos y plataformas hemos anunciado que vamos a recurrirlo ante los tribunales si finalmente se aprueba, al considerar que responde a una lógica de ocupación y mercantilización del territorio.
Tampoco es casual que esta ley se impulse pocos meses después de que el Consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunciara que el Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), pretende duplicar la generación eléctrica, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para el año 2030, principalmente mediante macro-proyectos eólicos y fotovoltaicos, movilizando 80 millones de euros mediante fórmulas de colaboración público-privada.
Mientras por una parte se pretende aprobar un PTS rechazado socialmente, por otra, se promueven leyes destinadas a facilitar y agilizar la tramitación de los macro-proyectos, inyectando además dinero público a las grandes empresas.
A todo esto se suman diversas medidas extraordinarias aprobadas por el gobierno español en el contexto de las guerras energéticas y geopolíticas.
Así, el Real Decreto-Ley 6/2022 aprobado como respuesta a las consecuencias económicas y energéticas de la guerra de Ucrania, introdujo mecanismos excepcionales para agilizar la tramitación ambiental y administrativa de macro-proyectos fotovoltaicos y eólicos.
También, más recientemente, el Real Decreto 7/2026, aprobado en el marco de las consecuencias derivadas de la guerra de Irán, impulsa medidas para acelerar el depliegue de estas infraestructuras y reducir los plazos administrativos en su tramitación.
Al otro lado de la muga, en Iparralde, la Ley de Aceleración de las Energías Renovables (LOI APER) de 2023, aprobada por el Gobierno Francés, incorpora medidas de simplificación administrativa y reducción de plazos. Entre sus objetivos está acelerar la implantación de proyectos energéticos.
Para ello, la legislación francesa ha introducido el concepto de “razón imperativa de interés público mayor” para determinados proyectos energéticos.
A partir de la Ley APER y su desarrollo reglamentario, ciertos proyectos de renovables pueden ser considderados de interés público mayor, facilitando la obtención de autorizaciones y determinadas excepciones en materia ambiental.
Tras la retórica de la simplificación administrativa se esconde, en realidad, un nuevo ataque a los bienes comunes y a las formas colectivas de gestión y cuidado del territorio, que históricamente han garantizado la preservación de montes, tierras, aguas y recurso naturales, así como un mínimo equilibrio medioambiental.
Consideramos que todas estas iniciativas forman parte de una misma estrategia política orientada a allanar el camino a la expansión de macroproyectos energéticos en beneficio de grandes intereses empresariales, reduciendo la capacidad de intervención de la sociedad, debilitando los mecanismos de control ambiental y poniendo en riesgo la gestión comunal de nuestro territorio.
Frente a la industrialización de nuestros montes, espacios naturales y tierras de cultivo, Euskal Herria Bizirik!!!